Un “triunfo” del extremismo conservador

Una Orden Departamental en el Ministerio de Educación, cuando se trata de establecer temas intangibles o que no ameriten cambios de posiciones o de áreas institucionales, por lo regular lo que sirve es para dejar por sentado un tema que deberá de operativizarse en base a guías, manuales y medidas que respondan de manera armoniosa a las demandas de la sociedad actual, donde también habitan nuestros niños, niñas y adolescentes que necesitan ser preparados y protegidos. En esa categoría podemos situar la recientemente derogada Orden Departamental No 033-2019, en la cual, se establece como prioridad el diseño e implementación de políticas de género en el Ministerio de Educación. La perspectiva de género en un ambiente científico, que es la escuela, no tiene nada que ver con temas vinculados a la homosexualidad o al lesbianismo, como que el personal docente va a tomar a los y las niñas para trazarle las pautas hacia su sexualidad y como que no existen las asociaciones de padres, madres y amigos de la escuela. Pero sí, permite visibilizar ese “currículo oculto” donde se lacera de manera constante el desarrollo, sobre todo de las niñas, en base a desmotivarlas porque tal o cual actividad no es para ellas. Del mismo modo, que a los niños, no se les incentiva a desarrollarse en un ambiente menos violento y más paritario. Cuando se trabaja la educación con perspectiva de género, lo que se hace es, por ejemplo, cambiar los típicos ejercicios de matemáticas donde la niña María fregaba 5 platos, se le rompió uno, ¿Cuántos platos le quedan? o, el niño José tenía 10 pesos, fue a comprar una pelota que costaba 8 ¿Cuántos pesos le sobraron? Si de manera repetitiva damos roles a las niñas basados en los cuidados del hogar y la familia, y a los niños basado en los deportes y la tecnología, vamos creando roles que de cierta manera definen y marcan diferencias en su desarrollo, elección de carreras, autoestima, entre otros factores. Puede leer: Sociedad de la Confusión La perspectiva de Género es tan necesaria en el sistema educativo dominicano, que hasta a la propia ADP la dirigen mucho más hombres que mujeres, mientras la nómina docente del MINERD es ocupada por maestras alrededor de un 80%. Recientemente escribí un artículo donde me preguntaba si la clase media dominicana no era religiosa, porque disfruta de la información adecuada que les permite evitar embarazos y enfermedades de transmisión sexual en adolescentes. Es decir, que sus creencias no interrumpen su conocimiento y acceso a medidas preventivas, mientras que la clase pobre dominicana sufre las consecuencias de una falta de información adecuada que les impide salir del círculo vicioso de la pobreza por embarazos a destiempo. Es una pena, que ni siquiera educación sexual, como parte de lo que es la anatomía humana, es decir, el aparato reproductivo (igual que respiratorio, digestivo y nervioso) se está llevando a cabo adecuadamente en la educación pública, por prejuicios que manifestamos en las redes sociales, mientras la vida de miles de niños y niñas en situación de vulnerabilidad caen en situaciones de violencia o embarazos no deseados por falta de información. Se supone que la “Sociedad de la Información” fomenta la toma de decisiones en base a estudios previos, pero parece más fácil desvincular las consecuencias de los hechos solo por complacer prejuicios y tergiversaciones. El estudio publicado en noviembre de este año por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), establece que entre 2015 y 2020, dos de cada diez nacimientos ocurridos en el país fueron concebidos por madres de entre 15 y 19 años. Mientras que datos extraídos del documento República Dominicana: Estadísticas Vitales 2021, de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), en el año 2021 en el país se registraron 20,529 embarazos en adolescentes entre 11 y 19 años de edad. Este gobierno actúa como que no participó en el proceso y firma del Pacto Educativo. Mientras, el “marchaverdismo” no parece vincular la violación a las leyes, la Constitución y a los pactos como un acto de impunidad, ni tampoco mide las consecuencias en el desarrollo humano de nuestros niños y niñas más vulnerables